Sólo se han comunicado 35 casos de cáncer de origen profesional en 2016 en España, 14 de ellos sin baja laboral, a pesar de que las estimaciones más prudentes sitúan en torno a 10.000 los casos anuales en el país europeo. Este subregistro priva a los trabajadores afectados de las prestaciones derivadas de la contingencia profesional y tiene elevadísimos costes para los sistemas públicos de salud, ya que las Mutuas (entidades sin fines de lucro que colaboran con el sistema de la Seguridad Social) les trasladan los costes económicos de los tratamientos que ellas deberían asumir.
La incidencia de los casos de cáncer en España está en aumento tal y como ha informado recientemente la Sociedad Española de Oncología Médica, pero la notificación de caso de origen profesional sigue estancada en unas cifras escandalosas. En 2016 las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social tan sólo comunicaron 36 casos, 22 con baja y 14 sin baja, lo que contrasta con las estimaciones más prudentes que elevan a 10.000 los casos de tumores debidos a exposición a agentes cancerígenos en el trabajo. Estas cifras concuerdan con los datos de la Comisión Europea que estima que el cáncer es el responsable del 53% de las muertes producidas por el trabajo en la UE.

Este subregistro del cáncer profesional está privando a los trabajadores afectados de las prestaciones derivadas de la contingencia profesional, está teniendo unos elevadísimos costes para los sistemas públicos de salud ya que las Mutuas les trasladan los costes económicos de los tratamientos que ellas deberían asumir, y está restando eficacia a los sistemas preventivos porque lo que no se registra no se previene.
En el entorno del Día Mundial del Cáncer, CCOO reclama a las administraciones un compromiso para afrontar el cáncer laboral, poniendo a los trabajadores afectados en el centro de sus políticas.
También se hace absolutamente necesario impulsar medidas que faciliten la eliminación de agentes cancerígenos en los centros de trabajo, agilizar los procesos de revisión del listado de enfermedades profesionales con la actual evidencia científica o extender el derecho a la vigilancia de la salud postocupacional al conjunto de trabajadores expuestos a agentes cancerígenos tal y como exige la legislación en vigor, sin olvidar la financiación de líneas específicas de investigación en cancerígenos presentes en las empresas españolas.
Fuente: Confederación Sindical de Comisiones Obreras
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