El popular herbicida ha sido calificado como «probablemente cancerígeno» por una agencia científica. Otras, en cambio, lo encuentran seguro.
En una decisión largamente esperada, la Unión Europea votó la semana pasada a favor de prolongar otros cinco años la venta y el uso del polémico herbicida glifosato.
La resolución llega en un momento en el que se debate si este producto, ampliamente utilizado en agricultura, podría resultar carcinógeno para las personas. Hace dos años un organismo científico concluyó que sí podría existir tal riesgo, pero otros no están de acuerdo.
La decisión, tomada el pasado 27 de noviembre, se produce justo antes de que expire la licencia actual del herbicida, inicialmente prevista para el 15 de diciembre, y pone fin a dos años de amargas disputas entre los 28 países de la UE.
Varias agencias internacionales, entre las que se encuentra la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA), han concluido que existen pocos indicios de que el glifosato cause cáncer en humanos. En 2015, sin embargo, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, estableció que la sustancia era «probablemente cancerígena» para las personas y que había «pruebas convincentes» de que podía provocar cáncer en animales de laboratorio.
El 25 de octubre pasado, la Comisión Europea propuso una extensión de diez años para el producto, usado en herbicidas de amplio espectro y lanzado originalmente en 1974 por la compañía estadounidense Monsanto como principio activo de su marca Roundup. Francia y otros países rechazaron la iniciativa por cuestiones de seguridad. En la votación de la semana pasada, 18 naciones se pronunciaron a favor de la prórroga (España entre ellas), 9 lo hicieron en contra y una se abstuvo.
El compromiso parece haber decepcionado a todas las partes. «Los Gobiernos europeos han fallado a sus ciudadanos y a las generaciones futuras», sentenciaba Génon Jensen, director ejecutivo de la Alianza para la Salud y el Medioambiente, una organización no gubernamental en Bruselas que aboga por la prohibición del producto. El presidente francés, Emmanuel Macron, reaccionó en Twitter asegurando que el glifosato se prohibirá en Francia tan pronto como se encuentren alternativas o, a lo sumo, dentro de tres años. El 27 de noviembre, una petición de la Iniciativa Ciudadana Europea para acabar con el uso de esta sustancia había reunido más de 1,3 millones de firmas.
Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre el Glifosato, con sede en la ciudad alemana de Darmstadt y que representa a 22 fabricantes del producto en la UE, se quejó de que el voto «obviaba categóricamente el asesoramiento científico [y que estaba] principalmente influenciado por la opinión pública y motivado por cuestiones políticas».
Las conclusiones científicas de ambos lados han recibido críticas. El pasado mes de junio, Reuters informó que la IARC había dejado de lado un gran estudio en el que no se habían hallado vínculos entre el glifosato y el cáncer en humanos porque, en ese momento, aún no se había publicado. El trabajo, que analizaba el estado de salud de miles de agricultores, trabajadores agrícolas y sus familias en Iowa y Carolina del Norte desde la década de 1990, fue publicado a principios del pasado mes de noviembre.
Lo que hace falta ahora es «una revisión completamente imparcial de los indicios contra el glifosato», opina Christopher Connolly, neurobiólogo de la Universidad de Dundee, en el Reino Unido. «Tenemos que conseguir que los próximos cinco años cuenten.»
Fuente: Artículo traducido y adaptado por Investigación y Ciencia con permiso de Nature Research Group.
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